Durante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Sanidad, y después las Comunidades Autónomas han emitido diferentes disposiciones para evitar el contagio de COVID-19. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del Ayuntamiento de Madrid ha realizado Evaluaciones de Riesgos específicas ante el contagio de COVID-19 para determinadas actividades o tareas laborales, documentos presentados en el Comité de Seguridad y Salud y publicados en Ayre, generales y por ejemplo del sector de Servicios Sociales, de Atención al Público, de manejo de documentación, de instalaciones deportivas, etc. Los delegados y delegadas de prevención de CCOO han hecho aportaciones a algunos de esos documentos. Hay que puntualizar que estas evaluaciones del Servicio de Prevención permanecen en vigor respecto a lo que no contradiga las instrucciones de las autoridades competentes, pero deben cumplirse siempre con las recomendaciones de las autoridades de salud pública correspondiente, es decir, prima la normativa del Ministerio de Sanidad actual sobre el documento municipal.

El pasado 1 de octubre, la Comunidad de Madrid publicó la Orden 1244/2021, que modifica medidas preventivas, y a continuación el SPRL ha publicado, disponible en Ayre, un documento de RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. COVID-19. En el mismo se sigue recomendando la distancia de 1.5 metros con personas trabajadoras y usuarias, las medidas de higiene y desinfección, de aforo y ventilación, y el uso de mascarilla, aunque se puede prescindir de ella en el puesto de trabajo sentado si hay distancia. También se especifica que pueden ser usadas todas las dependencias municipales.

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Ha sido aprobado en reunión del 5 de octubre de la Mesa General el nuevo protocolo de acoso laboral, con el apoyo de CCOO.

Partíamos de un protocolo anterior, aprobado en el año 2011 que a lo largo de estos años se ha mostrado ineficaz, como venimos denunciado repetidamente y promoviendo la negociación de uno nuevo. Con el protocolo hasta ahora vigente en estos 10 últimos años no se ha reconocido ni un solo caso de acoso, dato alarmante y abrumador teniendo en cuenta que los estudios técnicos al respecto destacan la superior incidencia del acoso en las administraciones públicas sobre el ámbito privado. Ese protocolo adolecía entre otras cosas del grave defecto de la opacidad y falta de control e información sindical de las decisiones de los organismos implicados.

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