Las funciones de los juzgados encargados en exclusiva de estos delitos quedarán diluidas en un amplio Servicio Común de Tramitación, donde serán un asunto más junto a los demás pleitos civiles y penales.

En plena reforma organizativa de la Administración de Justicia, vendida públicamente como la reforma del siglo XXI, el ministro Félix Bolaños deja fuera de ella la tan necesaria y obligatoria especialización del personal al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia sobre las mujeres y otros delitos sexuales de los que van a ser conocedores los Tribunales de Instancia que sustituirán a los actuales Juzgados con funciones de violencia sobre las mujeres de todo el Estado.

Si el Ministerio de Justicia no rectifica y sigue sin atender las reclamaciones de CCOO, las decenas de funcionarias y funcionarios destinados en estos servicios comunes podrán llevar a cabo, sin distinción ni especialización, los asuntos judiciales relacionados con la violencia sobre las mujeres y agresiones sexuales, sin siquiera recibir la formación especializada en perspectiva y violencia de género que exige el Pacto de Estado y las sucesivas medidas que en esta materia se han ido aprobando en el Parlamento lo que, en definitiva, empeorará la atención a las víctimas.

Además de las propias víctimas, los y las trabajadoras que en la actualidad llevan la tramitación de los asuntos de violencia sobre la mujer verán, una vez más, el desprecio del Ministerio de Justicia a la tan traída y llevada especialización de asuntos de violencia sobre la mujer, la falta de consideración profesional y retributiva de sus años de experiencia y de responsabilidad en unas condiciones laborales penosas, de largas jornadas de trabajo que exceden, en la mayoría de los días, de su jornada laboral y, además, en dependencias judiciales que no en todos los casos están acondicionadas para garantizar la intimidad de la víctima y su separación física de su agresor.

CCOO exige al Ministerio de Justicia una clara apuesta por esta especialización que solo puede venir determinada en una diferenciación de puestos exclusivos de violencia sobre la mujer en las relaciones de puestos de trabajo que se están negociando en estos momentos de cara a esa implantación de los Tribunales de Instancia.

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El órgano del Consejo de Europa desvela su decisión íntegra respecto a la reclamación colectiva interpuesta por cinco organizaciones que denunciaron las graves consecuencias de los cortes de electricidad que sufren 4.500 personas que habitan en el barrio de Cañada Real de Madrid.

Como ya adelantó el pasado mes de septiembre el propio Comité, la decisión concluye que España está vulnerando la Carta Social Europea revisada, vinculante para nuestro país desde 2021, al tolerar que miles de personas vivan en este barrio de Madrid sin acceso a energía eléctrica para calentarse en invierno o refrescarse en invierno, conservar alimentos frescos y medicinas, o iluminar la habitación por la noche.

La decisión del Comité tiene su origen en la reclamación colectiva que el 2 de marzo de 2022 presentaron contra España las organizaciones Defence for Children International (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionalesm, que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. La demanda fue fruto del trabajo conjunto de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, CAES y Gentium.

El Comité admitió la demanda de las organizaciones, señaló los riesgos para la vida y la integridad física y moral que los cortes de electricidad suponían para las vecinas y vecinos, y exigió al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento de la luz y la calefacción, con objeto de evitar “daños graves e irreparables”, medidas que las diferentes Administraciones Públicas no han cumplido.

El 25 de septiembre de 2024, el Comité anunció la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. En dicha decisión, da la razón a las demandantes y considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en el barrio de Cañada Real, en particular de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

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