El Club de Campo del Ayuntamiento de Madrid regalaba atenciones protocolarias a familiares de políticos, miembros de la ‘jet-set’, periodistas y hasta a Luis Bárcenas.

El Club de Campo Villa de Madrid, dependiente del Ayuntamiento (PP) y cuyas instalaciones se han financiado con dinero público, tiene una lista de espera de miles de personas y varias décadas. Pese a su carácter municipal, sus 22.000 socios disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. Excepto si se posee una tarjeta VIP.

Los hay que la tienen como atención protocolaria, en virtud de su cargo (concejal de Madrid, presidente del Gobierno o de la Comunidad, patrocinadores, etcétera). Pero también existe un largo listado de tarjetas VIP más dudosas. En 2011, la tenían, por ejemplo, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el asistente de José Luis Rodríguez Zapatero, la hermana de la presidenta regional, grandes empresarios, el instructor de equitación de la infanta Elena, el hermano de Mariano Rajoy, la familia al completo del aspirante al trono de Francia y un grupo de influyentes periodistas. Así, hasta sumar 650 tarjetas, la mayoría difícilmente explicables.

La diferencia entre tener o no tener pase VIP es fácil de cuantificar: una madrileña podría haber ido ayer al Club de Campo a bañarse en la piscina cubierta, mientras su acompañante sudaba en el gimnasio antes de unirse al chapuzón. Precio total: 172 euros. Si uno de ellos hubiera tenido tarjeta VIP, les habría costado 11,50.

El pasado jueves se celebró la última reunión sobre el Plan de Movilidad del personal con funciones de oficios y servicios internos en el conjunto de la administración municipal.

Al día siguiente, a las 15 horas, se nos remitió un nuevo texto modificado, y con los  cuadros  de plantilla incompletos,  que a las  organizaciones sindicales presentes en la Mesa nos parece INACEPTABLE.

La realidad  es que, lo que se pretende es contar con una herramienta con la que recortar  derechos  impunemente: cambiar  destinos,  jornadas, horarios, turnos, salarios… de manera forzosa.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha asegurado este martes que aplicará el Plan de Reestructuración de empresas municipales, una vez aprobada la reforma local, para mantener todo el sector público instrumental "que se necesite" y con el criterio de que sea rentable. Así lo ha detallado en el Pleno municipal a la pregunta formulada por el portavoz municipal de UPyD, David Ortega, quien le solicitó información sobre  cuándo piensa el Gobierno local presentar el Plan de Reestructuración de las empresas públicas, tal y como se comprometió en septiembre de 2012. La alcaldesa ha manifestado que mantiene su compromiso de presentar la reforma de las empresas públicas municipales, si bien ha aclarado que el Consistorio esperará a la aprobación de la reforma local para aplicar los criterios establecidos para el sector público instrumental.

El pasado jueves 14 de marzo, los sindicatos de la Mesa General, CCOO, UGT, CSIF y CGT, fuimos convocados a una reunión con la Concejala Dancausa para examinar el momento.

Las respuestas de la Concejala fueron, a modo de resumen:

 Para evitar un pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz tan accidentado como el del pasado mes de febrero, la concejala de la demarcación madrileña, Begoña Larraínzar, ha tomado algunas medidas. Recapitulemos: el martes 19 de febrero se reúne la Junta; al hallarse la sede en estado cochambroso, los vocales de los partidos se citan en un edificio anexo; entonces, sin nadie que lo impida, irrumpen decenas de indignados para protestar contra la polémica-estrella del barrio, la designación de Ángel María Carromero como asesor de Larraínzar, a 45.000 eurillos anuales, tras serle concedido el 11 de enero el tercer grado penitenciario, todo ello después de pernoctar apenas diez días en la cárcel de Segovia por el accidente en Cuba (país en el que estuvo recluido entre julio y diciembre y desde donde fue extraditado a España) que segó la vida de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero con Carromero al volante. Desenlace: la edil del PP suspende la Junta.   Difícilmente sucederá algo igual el próximo martes, cuando tendrá lugar la próxima reunión: Larraínzar ha ordenado que se establezca un poco más de seguridad en el lugar. Seguridad que viene a traducirse en: a) control de acceso por escáner para que nadie introduzca objetos susceptibles de altercar el orden (¿pancartas, carteles?) b) cacheo individual c) todo aquel que franquee las barreras anteriores y perturbe la serenidad de la Junta mediante gritos, pitos, palmas o similares, será expulsado.