Hemos tenido conocimiento de las situaciones de acoso a las que está siendo sometido el personal que trabaja en los Centros de Servicios Sociales de varios distritos por parte de algunos grupos de ciudadanos que parecen desconocer las normas de convivencia más elementales que, por las informaciones que disponemos, consisten en:
• "Imponer" la presencia de acompañantes (en ocasiones en grupos numerosos) durante la realización de las entrevistas de los DTS con sus usuarios.
• Pretender que la atención al usuarios sea cuando los "acompañantes" consideran,
sin respetar agendas ni protocolos de atención.
• Pretender que se tramiten y concedan ayudas sin que el DTS solicite los datos necesarios para su tramitación y sin valoración profesional previa, por entender que se "violenta" la intimidad de los usuarios.
• Aunque no podemos demostrarlo con pruebas documentales, pudieran estar realizándose grabaciones ilegales de esas entrevistas.
• Realizar acciones de amedrentamiento al personal de los centros bien de manera individual o colectiva.

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La Agencia de Protección de Datos determina la Comisión de Infracción Grave por el Ayuntamiento

Como informamos en su momento (20 y 27 de abril de 2014), tras la denuncia de CCOO sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en las Juntas Municipales que pudieran infringir la norma, la Agencia Española de Protección de Datos resolvió incoar expediente por las instaladas en las Juntas de Salamanca y Barajas que finalmente ha terminado en la resolución de la Directora de la Agencia, dictada el 7 de octubre y comunicada a este sindicato el día 19, en la que declara que el Ayuntamiento cometió una falta grave, en la que le insta a demostrar que ha redireccionado las cámaras que ilegalmente captaban la vía pública y comunica al defensor del Pueblo tal resolución.

Recordamos que pese a que ya desde el inicio quedó claro que pese a que algunas de esas cámaras pudieran estar dirigidas a zonas donde se captaban imágenes de los tornos o relojes donde ficha la plantilla de esas juntas, el Ayuntamiento comunicó que la finalidad de todas las cámaras eran la vigilancia policial y, por tanto –añadimos nosotros-, no podían ser usadas esas imágenes en ningún caso en nada relacionado con lo laboral.

No obstante, hoy hemos sabido que la Agencia no ha autorizado esas cámaras por no responder su ubicación (interior) al objetivo de las mismas (vigilancia policial), demostrando que la preocupación y la denuncia del sindicato ante tales cámaras estaba justificada.