De las enmiendas presentadas, una de las más negativas, en opinión de CCOO, es la que modifica el artículo 10 del EBEP, el cual regula el trabajo de los funcionarios interinos. El PP plantea que las diferentes administraciones puedan utilizar estos contratos de manera arbitraria para puestos de trabajo estructurales, sin obligación alguna de cubrir de manera reglamentaria las correspondientes vacantes y sin que exista limitación alguna a la concatenación de diferentes programas temporales. “En definitiva, supone sustituir empleo público de calidad, a través de ofertas de empleo público, por trabajo precario”.

Además, se permite a la administración correspondiente la libre movilidad funcional y geográfica de las personas que tengan este tipo de interinidad (y la interinidad por acumulación de tareas), al permitir que pueda modificarse la plaza que ocupan libremente con la única limitación de que obedezca al mismo programa temporal. CCOO sospecha que el hecho de proponer la libre movilidad funcional y geográfica del personal interino puede ser la antesala de lo que, en su opinión, pretende el Gobierno, que sería ampliar esta misma movilidad funcional y geográfica al resto del personal de la Administración Pública.

En otra de las enmiendas introducen una nueva disposición, intolerable para el sindicato, que permitirá a las diferentes administraciones la apertura de plazas de funcionarios civiles para su ocupación por militares de carrera, sin establecer ni el tipo de plazas ni la justificación de dicha apertura. Además, en la regulación que establece la enmienda se plantea un régimen mixto, exclusivo y excepcional, tanto de movilidad como de régimen laboral para el personal militar que preste servicios en la administración civil. CCOO destaca que esto es algo completamente excepcional en el derecho administrativo español y que podría ser contrario al ordenamiento jurídico.

Ver paginas 79 y 80 del documento de enmiendas

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Dancausa vuelve a mentir Ayer, ante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la Concejala Concepción Dancausa volvió a mentir al afirmar que desde el año 2012 se han producido más de 100 reuniones con las organizaciones sindicales… “Una cada tres días”, llegó a asegurar. De esta manera, la Delegada responsable de los temas de personal pretendía compensar el voto negativo a la proposición presentada por IU y PSOE que, a iniciativa de los sindicatos, elevaba al Pleno la necesidad de recuperar el diálogo y la negociación. Traemos aquí un solo dato que creemos demuestra de manera concluyente que Dancausa no dice la verdad: desde la firma del Acuerdo-Convenio 2012-2015 la Comisión de Seguimiento se ha reunido una sola vez, vulnerando la obligación estipulada en su redactado de convocarse con carácter mensual.

Con todo, más grave que sus mentiras es su actitud contraria al diálogo, reiterativa desde que en 2012 accedió a las máximas responsabilidades del Área de Hacienda. La actitud de Dancausa, avalada por el Partido Popular, resulta enormemente perjudicial. Por mucho que se empeñe la Delegada, en España existe una Constitución homologable con la de cualquier otro país democrático de nuestro entorno más inmediato. Una Constitución que plasma por escrito una realidad incuestionable: los problemas se resuelven gobernando, sí, pero en el marco del diálogo y la negociación. Su actitud es enormemente dañina porque como se está demostrando, al hacer oídos sordos a lo que los demás tenemos que proponer, no sólo abre una brecha democrática, sino que, como los datos demuestran, la enorme deuda del Ayuntamiento de Madrid sigue ahí, y los problemas se multiplican: el paro aumenta en nuestra Ciudad, la pobreza y la hambruna infantil siguen existiendo, los dependientes cada vez más están abandonados por su Ayuntamiento…

Mientras Dancausa vive encerrada en su autoritario mundo, nosotros, la plantilla municipal, en uso de las herramientas democráticas de las que disponemos, estamos en la calle. A estos efectos Dancausa no debe tener ninguna duda. No nos resignamos a manifestar nuestra opinión, a entender que la democracia no sólo es votar cada cuatro años sino también legítimamente oponernos con decisión a la mentira. Y sobre todo a defender la mismísima democracia de aquellos que como Dancausa discuten y empobrecen al dar la espalda al diálogo e intentar, en la práctica, hacer desaparecer el derecho de representación y negociación de las trabajadoras y trabajadores municipales.