La secretaria general del sindicato, Paloma López Bermejo, exige una rectificación a Ayuso por sus bulos contra la inmigración.

El discurso de Ayuso es racista, machista y nacionalista y solo busca desviar la atención de los efectos de sus políticas y de sus escándalos personales.

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Los sindicatos reclaman la no aprobación de una norma que vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales.

UGT y CCOO han exigido la retirada del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés porque consideran que «vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales». A su juicio, se trata de «un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno para la regulación de los grupos de interés». Equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

En consecuencia, CCOO y UGT solicitan la no convalidación del Real Decreto-ley y reclaman el impulso de una norma legal que reconozca el valor del diálogo social y favorezca su desarrollo, respetando el papel constitucional que la Constitución atribuye a las organizaciones sindicales en sus artículos 7 y 28, así como el derecho a la negociación colectiva reconocido en su artículo 37.

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Un informe del IEES de la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia el avance de la privatización de la educación en España que está “transformando un derecho universal en un mercado”.

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A preguntas de la prensa, Sordo, ha pedido “una cobertura del resto del país” y “que debiera ser, también del resto del Europa” que permita un traslado que alivie la tensión demográfica que en este momento vive la ciudad autónoma. Para el líder sindical, “esos deben ser los términos del debate”

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La ley busca reparar una situación de injusticia histórica que afecta a miles de personas saharauis nacidas bajo administración española y a sus descendientes.

El sindicato seguirá exigiendo la necesidad de integrar la cuestión colonial en la Ley de memoria democrática para evitar el borrado de la violencia del franquismo en los territorios de ultramar, entre otros, el Sáhara Occidental.

La ley busca reparar una situación de injusticia histórica que afecta a miles de personas saharauis nacidas bajo administración española y a sus descendientes. También supone un importante apoyo para las familias de acogida y el tejido asociativo que durante décadas ha sostenido la solidaridad con el pueblo saharaui en todo el Estado español.

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