Paloma López exige al Gobierno regional que detalle el impacto real que tienen las medidas fiscales para el conjunto de la ciudadanía madrileña.

Manuela Bergerot traslada al sindicato su propuesta para aumentar la progresividad del sistema tributario madrileño.

La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha valorado “muy positivamente” el encuentro con la formación política para analizar la política fiscal regional, con la que el sindicato coincide en el diagnóstico y también en gran parte de las propuestas.

Paloma López ha trasladado la importancia de “conocer al detalle el impacto real que tienen las medidas fiscales que aprueba el Gobierno regional sobre el conjunto de la ciudadanía madrileña”.

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La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal y la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, han enviado una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para exigir que la representación de las personas trabajadoras se mantenga como requisito obligatorio.

La secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, y la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, han enviado una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresándole su discrepancia y reclamando que la representación de las personas trabajadoras se mantenga como requisito, con carácter obligatorio, como recoge la normativa actual.

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CCOO y la Fundación 1º de Mayo presentan un estudio sentado en la articulación y concurrencia de la negociación colectiva, basado en convenios colectivos firmados entre 2023 y 2024, realizado por más de 50 docentes del ámbito del Derecho Laboral y la Seguridad Social.

Este ambicioso análisis aspira a abrir un debate necesario sobre el modelo de negociación colectiva a desarrollar, para hacer frente a los retos laborales, tecnológicos, económicos, medioambientales y demográficos a los que se está enfrentando nuestro sistema productivo, sobre la base, siempre, de la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora.

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Esta mayor financiación, que no debe suponer disminución alguna de la que corresponde a las comunidades autónomas, debe permitir, de un lado, avanzar en un reequilibrio de la provisión pública directa de estos servicios de atención a las personas dependientes, hoy minoritaria pese a que la financiación es eminentemente pública y, de otro, condicionar cualquier incremento del precio de concierto a la mejora de ratios de plantilla y a las condiciones económicas y laborales de las trabajadoras.

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