'Sol y sombra’, de Jose Guerrero salió a la venta el pasado junio en la casa de subastas Ansorena, con un precio de salida de 30.000 euros. Un precio ridículo si se tiene en cuenta que fue adquirido a la colección Edmund Peel en subasta, el 7 de julio de 1990, por el consistorio a cambio de 5,6 millones de pesetas(33.656 euros).

La venta del cuadro el pasado mes de junio se cerró en una ventajosa compra de 46.000 euros. El trato se cerró a favor de la galería Marc Domènech, que ayer vendió el lienzo de José Guerrero. Nueve meses después la cifra se ha disparado sin control: ha pasado de 46.000 euros a un precio entre 75.000 y 125.000, informó el director de la galería a este periódico.

Con la operación de deterioro sobre la colección de arte contemporáneo que emprendieron Villalonga y Del Amo, el Ayuntamiento logró adquirir un total de 322.499 euros tras colocar en el mercado un lote de 30 obras que en su día fueron calificadas por el consistorio como “elementos de decoración interior”, para justificar la venta. La decisión fue tomada para sofocar la deuda que se había contraído con Madridec, de más de 400 millones de euros.

(Fuente El Confidencial)

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El Supremo tumbó la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que ha supuesto unas pérdidas en las arcas públicas de ocho millones de euros.

Privatizar para favorecer la actividad económica y crecimiento de la ciudad. Bajo este argumento externalizó el Ayuntamiento de Madrid en 2009, por entonces con el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón, la gestión de licencias urbanísticas de actividad. Y entre los beneficiarios de esta externalización, un nombre: Francisco Javier Aguilar Viyuela. El marido de Cristina Cifuentes es vicepresidente de ‘Licencias y Certificaciones de Madrid, S.L.’, una de las compañías colaboradoras con el consistorio en la gestión de licencias.

Como publicó este lunes Estrella Digital, el esposo de la Delegada del Gobierno, no está solo. Comparte consejo de administración con Rafael Verdes –hermano del abogado del ‘tamayazo’ Esteban Verdes y cuñado de la concejala del PP, Paloma García Romero- y Gonzalo Martín Borregón, compañero de negocios de la familia Rato.

(Fuente: Estrella Digital)

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El dato lo publica un informe del segundo trimestre de 2013 emitido por la Intervención General sobre el Plan de Ajuste.
Un total de 172 millones es lo que lleva gastado el equipo de Ana Botella en el pago de sentencias, costas y recursos.

Así lo admite el propio Ayuntamiento en un informe del segundo trimestre de 2013 emitido por la Intervención General sobre el Plan de Ajuste que, en la práctica, mantiene 'intervenido' al Consistorio madrileño hasta el año 2022. Con ese dinero se podrían haber evitado la mayoría de los recortes en actuaciones de carácter cultural o económico, como por ejemplo en la Agencia para el Empleo.

(Fuente: Cadena Ser)

Se abonaron 95 millones con cargo a los Presupuestos de 2013. Otros 77 están pendientes de pago en el presente ejercicio. La mayoría de estos gastos obedecen al pago de sentencias como consecuencia de la demora en el pago a proveedores y otros gastos jurídicos por importe de 32 millones de euros. Además, 20 millones adicionales fueron para sentencias derivadas de expropiaciones y el resto para cuantificaciones de justiprecios solicitados por los propietarios.

Gabriel Calles, concejal del grupo socialista: "Es una vergüenza que una ciudad con la imagen como la que tiene Madrid esté en los tribunales cada dos por tres. Porque se va a los tribunales porque el ayuntamiento no cumple sus obligaciones con los proveedores, con los trabajadores y con los ciudadanos. No es un buen ejemplo y no da buena imagen para la ciudad de Madrid".

Solo en intereses de demora por el retraso en el pago a proveedores, el Ayuntamiento tuvo que abonar hasta mediados del año pasado 35 millones de euros. Un mal ejemplo, según el grupo socialista que reclama mayor claridad en las cuentas. "Ya está bien de utilizar otros poderes del estado para hacer artificios contables y lo que pedimos es que cuando hay una sentencia directamente se acate y no tengan que ir a los tribunales", afirma Calles.

El último ejemplo es el recurso contra la sentencia del TSJM que declaró no ajustado a derecho el ERE de Madridec. Una táctica dilatoria ya que nadie sabe quién será alcalde de Madrid cuando el Supremo finalmente se pronuncie.