Más sobre la política de vivienda municipal y los fondos buitre

La Sección Sindical de CCOO de la EMVS quiere expresar su más profundo rechazo a lo que viene sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que siendo adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social, de repente ven como se ha mercantilizado su derecho constitucional y son despojados de su hogar.

Cuando la EMVS vende los edificios con sus inquilinos, de partida ya está facilitando que transcurrido el plazo de la calificación y los plazos de los contratos suscritos, los nuevos puedan hacer lo que quieran con esos contratos y, por tanto, con ese edificio.
La EMVS, cuando vendió los edificios, al parecer lo hizo señalando en el contrato de compraventa que los compradores tenían que respetar las condiciones contractuales de los inquilinos, pero no sabemos si lo que no estaba escrito eran las cantidades que la EMVS dejaba de cobrar a los inquilinos que gozaban de subvención al alquiler.

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Lo terrible y paradójico de lo que está pasando, no es sólo que se haya malvendido a fondos privados los recursos de la ciudadanía de Madrid, esta vez en forma de edificios públicos, sino que cuando los nuevos propietarios de estos edificios desahucian adjudicatarios, éstos son realojados por el Ayuntamiento de Madrid en viviendas de la EMVS, como no puede ser de otra manera. Es decir, el Ayuntamiento vende edificios con inquilinos para asegurar a sus compradores el negocio y además les asegura que éste se va a hacer cargo, en su caso, de los que no pueden hacer frente a las cantidades que vienen reflejadas en contrato, ya que, fueron la garantía de rentabilidad para el negocio a la hora de comprar estas viviendas.
No es justo, sino inmoral, que se desahucie de su vivienda a vecinos y vecinas que, en algunos casos, llevan diez años habitándolas y que la alquilaron como vivienda social, no nos olvidemos, y con un casero concreto: el Ayuntamiento, supuesto garante de una política social en materia de vivienda.
Desde CCOO entendemos que la Administración no puede ser partícipe de la desprotección a las familias y desbaratar hogares para garantizar el beneficio de unos fondos cuyo fin es la especulación pura y dura, y es deplorable que haga posible y fomente el negocio de privados con el patrimonio público.
Confiemos que todo esto cambie tras las próximas elecciones.

MÁS SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA MUNICIPAL Y LOS FONDOS BUITRE

 

La Sección Sindical de CCOO de la EMVS quiere expresar su más profundo rechazo a lo que viene sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que siendo adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social, de repente ven como se ha mercantilizado su derecho constitucional y son despojados de su hogar.

Cuando la EMVS vende los edificios con sus inquilinos, de partida ya está facilitando que transcurrido el plazo de la calificación y los plazos de los contratos suscritos, los nuevos puedan hacer lo que quieran con esos contratos y, por tanto, con ese edificio.

La EMVS, cuando vendió los edificios, al parecer lo hizo señalando en el contrato de compraventa que los compradores tenían que respetar las condiciones contractuales de los inquilinos, pero no sabemos si lo que no estaba escrito eran las cantidades que la EMVS dejaba de cobrar a los inquilinos que gozaban de subvención al alquiler. 

Lo terrible y paradójico de lo que está pasando, no es sólo que se haya malvendido a fondos privados los recursos de la ciudadanía de Madrid, esta vez en forma de edificios públicos, sino que cuando los nuevos propietarios de estos edificios desahucian adjudicatarios, éstos son realojados por el Ayuntamiento de Madrid en viviendas de la EMVS, como no puede ser de otra manera. Es decir, el Ayuntamiento vende edificios con inquilinos para asegurar a sus compradores el negocio y además les asegura que éste se va a hacer cargo, en su caso, de los que no pueden hacer frente a las cantidades que vienen reflejadas en contrato, ya que, fueron la garantía de rentabilidad para el negocio a la hora de comprar estas viviendas.

No es justo, sino inmoral, que se desahucie de su vivienda a vecinos y vecinas que, en algunos casos, llevan diez años habitándolas y que la alquilaron como vivienda social, no nos olvidemos, y con un casero concreto: el Ayuntamiento, supuesto garante de una política social en materia de vivienda.

Desde CCOO entendemos que la Administración no puede ser partícipe de la desprotección a las familias y desbaratar hogares para garantizar el beneficio de unos fondos cuyo fin es la especulación pura y dura, y es deplorable que haga posible y fomente el negocio de privados con el patrimonio público.

Confiemos que todo esto cambie tras las próximas elecciones.

 

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