La desigualdad de la ley de dependencia


La implantación de la ley de dependencia sin dotarla de los recursos económicos necesarios ha supuesto un insuficiente desarrollo del sistema de protección a las personas dependientes y no ha logrado avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, según argumenta en este artículo Patricia Franco, responsable de Igualdad de Oportunidades de FSC-CCOO Aragón.

"Se ha perdido la doble oportunidad de generar trabajo profesional de calidad y revalorizar este papel desarrollado tradicionalmente por las mujeres"

En el año 2006 se aprobaba la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en España, un año que todavía lejana la crisis económica, parecía el escenario propicio para abordar una de las asignaturas pendientes de nuestro ralentizado Estado de Bienestar: la atención a la población mayor y a las personas con discapacidad.

Desde los gabinetes de estudios de CCOO, no obstante, ya se advertía sobre el peligro que amenazaba el sistema: el sistema de atención a las personas en situación de dependencia aparecía desprovisto de la dotación económica necesaria para garantizar su sostenibilidad y suficiencia financiera.

Cinco años después de la aprobación de esta ley la experiencia ha dado la razón a los estudios de CCOO. El resultado es que un número muy significativo de personas beneficiarias que tienen reconocido el derecho a estar protegidas por el Sistema de Dependencia aún no pueden disfrutar de sus prestaciones.

Este nuevo ámbito de protección social no ha jugado el papel de dinamizador de la actividad económica y de creación de empleo pretendido, entre otras cosas porque se ha generalizado la concesión de prestaciones económicas de cuidado familiar pese a que la ley las establece como excepcionales.

Se ha perdido la doble oportunidad de generar trabajo profesional de calidad vinculado al cuidado de las personas dependientes, a la vez que se visibilizaba y se revalorizaba este papel desarrollado tradicionalmente en el ámbito familiar por la inmensa mayoría de las mujeres. Escatimar la inversión económica ahondando así, directa o indirectamente, en la sobrecarga femenina en relación a las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo, desgraciadamente, la principal seña de identidad de nuestro sistema público de servicios sociales contraviniendo, por cierto, el espíritu de varias leyes que propugnan justo lo contrario.

Por esto mismo, tampoco ha mejorado esta ley las posibilidades de incorporación al mercado laboral de las mujeres cuidadoras, quienes terminan asumiendo, con más resignación que otra cosa, lo que puede acabar pareciendo las "tareas propias de su sexo y condición" sin buscar otras alternativas laborales. Sobra decir lo poco que esta situación contribuye a los retos en materia de igualdad de género que todavía tiene España en su horizonte: incorporación de las mujeres al mercado laboral en igualdad con los hombres, corresponsabilidad doméstica y familiar, erradicación de estereotipos y roles sexistas y de la violencia machista.

Además de exigir las medidas necesarias para la implantación completa del sistema, CCOO presentó un paquete de enmiendas parlamentarias a la Ley de Jurisdicción Social para que los problemas de implantación de estas prestaciones puedan dirimirse exactamente igual que el conjunto del Sistema de Protección Social, esto es, en el marco de los juzgados de lo social. Esta medida reduciría el grado de vulnerabilidad y exclusión en la que se encuentran las personas cuya situación ha sido valorada a la baja o los recursos adjudicados son insuficientes, ya que dicha jurisdicción puede ser gratuita y resuelta en un plazo mucho menor que en el actual procedimiento contencioso administrativo. Desgraciadamente estas enmiendas no han sido aceptadas en el primer trámite del Congreso.

CCOO continúa apostando por la implantación del sistema público de atención a las personas dependientes con un compromiso político y social que  garantice los recursos económicos  necesarios, vinculado directamente a la calidad del servicio y del empleo de los y las profesionales que lo desarrollan.

 

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