El Gobierno pone a la zorra al cuidado del gallinero

A punto de acabar 2013, nos gustaría poder contarte que el Ayuntamiento ha retomado la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (bajas por enfermedad no laboral) y que revocó la autorización concedida a la Mutua ASEPEYO dada su mala gestión; nos gustaría, pero no podemos darte esa buena noticia, porque la mayoría absolutista del Partido Popular nos impide solicitar la reversión o el cambio de Mutua, al IMPONER una moratoria en su Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Además aprobó un peligroso borrador del anteproyecto de Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y presentó un proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, lo que permite que las mutuas den altas médicas por silencio administrativo y que sus médicos puedan acceder al Historial Clínico Electrónico (HCE) del paciente.

Por si fuera poco, la ministra de Empleo ha preparado otra normativa para aumentar el poder de gestión de las Mutuas con el fin de frenar el ABSENTISMO LABORAL (según Báñez hace que cada trabajador “pierda” al año 11,4 días de trabajo).

Esto nos hace abrir esta nueva vía, pidiéndote por favor, que le entregues esta carta, a tu médico de familia (atención primaria), donde le explicamos cómo puede colaborar para evitar ese fraude y al tiempo, contribuir a la defensa de una SANIDAD 100% PÚBLICA Y DE CALIDAD.

Verás que seguimos insistiendo para QUE LAS MUTUAS PAGUEN TODO LO QUE LES CORRESPONDE, pero además tenemos que defendernos porque determinadas instituciones del Estado y sus medios de disuasión, siguen lanzando continuos mensajes insinuando que pacientes y profesionales sanitarios “actuamos de manera fraudulenta“ y así ponen en duda la credibilidad del sistema.

Son los mismos que callan el PRESENTISMO creciente, mientras se nos obliga a mantenernos en el puesto, aunque enfermemos, por miedo al despido o a la pérdida de complementos económicos y nada les importa por ejemplo que trabajadores y trabajadoras con patologías músculo-esqueléticas no sean atendidos por las Mutuas, cuando éstas deciden que se trata de “enfermedades degenerativas”, porque ya han cumplido los cuarenta (años) y entonces ni valoran si las contrajeron por el deterioro que produce el mal diseño del puesto de trabajo, el desgaste en la dura preparación física para el acceso a la plaza y / o la falta de medidas preventivas (organización, evaluación de riesgos, formación, información, entrega de EPI).

Quieren quedarse con nuestro dinero y recortarnos las ventajas que conllevan el reconocimiento y la declaración de una enfermedad profesional, que son:
Económicas:
El tratamiento médico farmacéutico es gratuito (la Mutua entrega las medicinas); la prestación económica es del 100% desde el primer día y sin necesidad de acreditar un periodo de cotización mínima; la base de cotización es más alta; se puede solicitar el RECARGO DE PRESTACIONES a modo de indemnización, por posible incumplimiento de la empresa a las normas de prevención de riesgos, lo que puede conllevar de un 30 a un 50 % más de dinero que debe aportar la Corporación al trabajador.
Preventivas:
Si se atribuye el trabajo como causa de las lesiones (contingencia laboral), podremos visualizar que existe riesgo laboral y reclamar tanto políticas adecuadas para su prevención, como culpables.
De responsabilidad social:
Al impedir que el Sistema Público de Salud (con nuestros impuestos), asuma lo que es un coste empresarial, por lo que también colaboramos en el sostenimiento de este servicio público esencial y en el mantenimiento de sus puestos de trabajo, justificando aún menos su privatización para salvarlo de las garras de los especuladores.
Un dato clarificador:

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública  (FADSP) asegura que “los médicos del SPS estiman que entre un 5 y un 10% de las bajas por contingencias comunes son de origen laboral y se ha estimado que hasta el 16% de las bajas por enfermedad y/o accidente “no laboral” en atención primaria tienen un probable origen laboral, aunque no se declaren en este sentido“. También muestran las conclusiones a las que llegó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu i Fabra hace cuatro años, cuando calcularon que esta práctica por parte de las mutuas “consume el 14% del presupuesto del servicio sanitario público. Lo que en cifras de 2009 supone unos 5.700 millones de euros“.

Como ves el 2014 se nos presenta cargado de razones para seguir luchando en la recuperación de nuestros derechos y para no perder más prestaciones, pero además en las elecciones europeas de mayo, hay que demostrar, de forma rotunda y contundente, nuestra oposición a tanto recorte y sufrimiento… eso sí les duele.

Muchas gracias, ánimo, salud y buena suerte.

 

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