En el proceso actual de negociación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, CCOO considera indispensable que primero se defina la solución al actual problema de la temporalidad y el proceso para la estabilización del personal temporal y, paralelamente, se pongan las medidas y se realicen las correspondientes modificaciones normativas para que no se vuelva a producir el abuso. No se podrá llegar a un acuerdo si no se plasman conjuntamente ambas cuestiones.

Para CCOO es inaceptable que cualquier medida para evitar abusos en la temporalidad penalice a las trabajadoras y trabajadores, sea una traba para el crecimiento de las plantillas o impida la cobertura de las plazas.

 Para solucionar el problema resulta imprescindible:

.- Convocar en este año todas las ofertas de empleo público pendientes y los correspondientes procesos de estabilización y consolidación.
.- Eliminar la tasa de reposición como referencia para la limitación del número de plazas de las Ofertas de Empleo Público, así como situar la temporalidad por debajo del 8% en todas las administraciones y el sector público, dando así cumplimiento íntegro a los acuerdos suscritos en 2017 y 2018.
.- Los procesos de consolidación y estabilización deben llevarse a cabo con seguridad jurídica, dentro de los marcos legales establecidos y reconociéndose al máximo la experiencia profesional del personal interino o temporal, atendiendo a su situación y estableciendo sistemas encaminados a la consolidación del empleo.

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CCOO considera fundamental que el procedimiento tenga todas las garantías para que realmente se cumpla. Debe ser claramente efectivo para que el personal temporal estabilice y consolide las plazas y se reduzcan definitivamente y de manera permanente la precariedad y la temporalidad en el empleo público.

Por supuesto, no se pueden dar las inaceptables situaciones de incumplimiento de los acuerdos que se han producido en el pasado y han de establecerse los mecanismos sancionadores oportunos para evitarlo.

Para ello, debe asegurarse que en ningún caso sean las empleadas y empleados públicos los penalizados. Para ello, las modificaciones normativas deben contener elementos lo suficientemente disuasorios y eficaces que eviten el abuso o fraude, donde la sanción y responsabilidad recaiga sobre los verdaderos incumplidores de la norma, esto es, los responsables y gestores públicos.

El sindicato insiste en que además de tratar el problema de la temporalidad, por consenso por ser uno de los temas más urgentes y al que hay que darle prioridad en la negociación junto con la provisión de puestos de trabajo y la promoción interna, es necesario un nuevo acuerdo de legislatura en el que tienen que incluirse otros temas fundamentales como son la carrera y cualificación profesional, la jornada laboral, seguir avanzando en la recuperación de poder adquisitivo, planes de igualdad y formación, mejora de las condiciones laborales y de jubilación, rejuvenecimiento de las plantillas y modernización de la administración pública, entre otros.

CCOO quiere un Acuerdo que se ciña a los elementos que hemos enunciado, para lo que manifestamos nuestra predisposición, con el tiempo necesario de debate y negociación.

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