En la Comunidad de Madrid se ha presentado el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a la plantilla de una Administración Pública. Se trata del Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama que ha solicitado a la Consejería de Trabajo de la CM la autorización para aplicar una regulación de empleo entre las trabajadoras y trabajadores laborales del Consistorio que afecta a 19 personas de una plantilla de 49.

Conforme previno CCOO, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) madrileño está colapsada. Ante la publicación de esta noticia en El País digital (10 Enero 2011), CCOO insta nuevamente al conjunto de empleadas y empleados públicos a evitar la interposición de acciones judiciales individuales y a la Administración de Justicia para que dé respuesta a las que con carácter colectivo han sido interpuestas.

Por efecto de las movilizaciones que se están llevando a cabo en las instalaciones deportivas municipales ayer lunes 13 de diciembre se celebró una reunión entre representantes sindicales y el Delegado del Área de Hacienda y Administración, Juan Bravo.

En la misma el representante de la Administración no sólo confirmó la decisión adoptada por el Equipo de Gobierno de Gallardón sobre la privatización del Polideportivo Chamartín (tras haber realizado obras con los fondos públicos estatales del Plan E), sino que anunció que todas las instalaciones deportivas municipales en las que se realicen obras de remodelación serán también privatizadas. En la actualidad son cinco las que están siendo sometidas a obras de distinta intensidad.

El pasado 16 de noviembre se convocó con un mes de demora la 2ª reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Conductores.
En el orden del día la Administración propuso dos puntos en exclusiva, cuando en la anterior reunión aportamos más de 20 demandas, asuntos (como el no abono de pluses reconocidos), interpretaciones e incumplimientos:

• Instrucción para las sustituciones de conductores.
• Creación de una Unidad de Apoyo Centralizada.
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Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ayuntamiento de Madrid, como responsable patrimonial, a indemnizar a un funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente con 7.000 euros por los daños morales que se le causaron en el ejercicio de su trabajo.

La historia comenzó cuando Juan Antonio Merlo, funcionario desde hace 27 años, se presentó a una promoción interna y ganó el concurso. Merlo se incorporó a su puesto de jefe de sección en el Departamento de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes, perteneciente a la Concejalía de Medio Ambiente.