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Cuando el 17 diciembre de 2009 constituíamos la Sección Sindical Intercentros aún no conocíamos la profundidad e intensidad de la crisis económica.

Tampoco la utilización que de la misma preparaban los poderosos para recortar los derechos laborales y sociales, para desmantelar los servicios públicos del Estado del Bienestar.

Lo que sí conocíamos era la magnitud de la deuda financiera que las políticas de Gallardón habían creado. El ejercicio 2010, con un presupuesto de espaldas a la crisis económica, empujaba la deuda más allá de los 6.000 millones.

El fortísimo ritmo de inversiones de la primera legislatura de Gallardón, realizado suscribiendo deuda con los bancos, topó con la crisis económica en forma de caída de ingresos municipales, derivada principalmente del parón de la especulación del suelo. El Gobierno de Gallardón la amortiguó elevando los impuestos a la ciudadanía. En el periodo 2004-2012, un 92%.

El año 2010 fue el del inicio de los recortes de derechos presentados como “ajustes fiscales”. Tras prometer cambios en el sistema económico para ocultar el rescate a los bancos, o de vivir el espejismo de la puesta en marcha de tímidas políticas keynesianas basadas en el papel de Estado como motor de la economía para salir de la crisis, los neoliberales que gobiernan Europa impusieron políticas centradas en el recorte del déficit público. Tras el falso argumento de sanear las cuentas públicas para facilitar la recuperación económica se ponía en marcha el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el recorte de derechos al mundo del trabajo. Se abrían las puertas al negocio de las empresas derivado de la privatización de los servicios públicos y de la rebaja salarial a través del debilitamiento del poder sindical en la negociación colectiva y del abaratamiento del despido.

En mayo de 2010, el Gobierno de Zapatero giraba en sus políticas. Por primera vez en democracia, las empleadas y empleados públicos veíamos recortados nuestros salarios por decreto, sin negociación, en una media del 5%. A las administraciones se les imponía su adelgazamiento prohibiendo la sustitución de las vacantes producidas en las plantillas. Esta medida ya había sido puesta en práctica en el Ayuntamiento de Madrid al objeto de rebajar los gastos en el marco de la grave situación económico-financiera producida por las políticasdel Gobierno de Gallardón.

Con la excusa de estos primeros recortes a escala nacional, el concejal de Hacienda retiraba los fondos económicos para la negociación colectiva del Acuerdo-Convenio 2008-2011. 63 millones, el 5% de la masa salarial. También en el Ayuntamiento se invalidó el derecho a la negociación colectiva, tan difícil de conquistar. En ese momento nuestro Sindicato estaba fuera del Convenio. No se convocaron movilizaciones en protesta.

El Gobierno de España, ante el estado de las cuentas municipales, obligaba a la elaboración del primer Plan Económico-Financiero a finales de 2010. El Ministerio de Hacienda pasaba a tutelar los presupuestos municipales y a imponer la rebaja de la deuda reafirmando la prohibición de renegociarla. El Alcalde de Madrid reaccionó con una campaña que compatibilizaba la denuncia sobre la mala financiación de los ayuntamientos con el trabajo de oposición al Gobierno socialista, en un intento de distraer su responsabilidad con respecto al despilfarro en el Ayuntamiento.

Los Presupuestos municipales para 2011, elaborados con referencia al Plan Económico-Financiero que imponía la rebaja de la deuda municipal como prioridad, rebajaban los gastos y las inversiones de manera drástica. El Capítulo I reflejaba la retirada de los fondos adicionales para la negociación colectiva, la rebaja del 5% de nuestros salarios y su congelación. También la amortización de unos 2.000 puestos de trabajo vacantes. La OEP pasaba a ser residual, centrada fundamentalmente en la reposición de efectivos del Área de Seguridad.

El año de las elecciones municipales, 2011, acabó siendo también el de las generales. Alberto Ruiz Gallardón revalidó la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, rebajando sus apoyos electorales.

Tras la constitución de la nueva Corporación, los rumores de profunda remodelación del Ayuntamiento acabaron siendo tímidos ajustes: se rebajaba el número de Áreas de Gobierno en una con un imperceptible ahorro económico. Gallardón apostaba por el continuismo a la espera de las elecciones generales y de su paso a la política nacional.

A finales de 2011, el extinto equipo del Área de Hacienda elaboraba un nuevo Plan Económico-Financiero para el periodo 2012-2015. Como en el Presupuesto anterior, en el de 2012 se incluían ingresos ficticios (la venta de las acciones del Canal de Isabel II, de inmuebles municipales…) y basados en previsiones económicas irreales (crecimiento de la economía del 2,5%). El Capítulo I mantenía la congelación de nuestras nóminas y la rebaja de la masa salarial por efecto del continuismo en la amortización de las plazas vacantes.

No obstante, los gastos derivados de la aplicación del nuevo Acuerdo-Convenio 2012-2015 tenían su reflejo en las correspondientes partidas.

El nuevo Gobierno de Rajoy tuvo una primera iniciativa con repercusión en nuestra Administración. El Decreto 20/2011 impedía la reposición de efectivos, imponía la prohibición de ingresar cantidad económica alguna en los planes de pensiones pactados en Convenio e introducía las 37,5 horas en la Administración del Estado y la confusión inicial al respecto en las administraciones locales que, finalmente, quedaron al margen. También proporcionaba la mejora de los ingresos municipales mediante la subida del IBI y de la participación en determinados impuestos estatales (IRPF, IVA…).

Finalizando 2011, Gallardón anunciaba su paso al Gobierno de España y, por tanto, el relevo en la Alcaldía de Madrid a favor de Ana Botella. El Acuerdo-Convenio 2012-2015, negociado con el equipo saliente y reflejado en los presupuestos municipales para 2012, era aprobado el 29 de diciembre en Junta de Gobierno presidida por la nueva Alcaldesa, asumiendo así su contenido.

Un efecto de la grave situación económico-financiera de nuestro Ayuntamiento venía siendo el retraso en el pago de facturas pendientes a proveedores. Cuando en febrero de 2012 el Gobierno de Rajoy puso en marcha la oferta de Plan de Pago a proveedores de las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, descubrimos una deuda por valor de 1.300 millones. El Ayuntamiento de Madrid se adhirió al Plan, convirtiendo 1.017 millones de deuda a proveedores en deuda a la banca privada con intereses del entorno del 7%. A partir de ese momento la deuda financiera municipal pasaba a ser de más de 7.300 millones.

El Plan Económico-Financiero era sustituido por el de Ajuste para el Pago a proveedores (2012-2022). A los 128 millones de gasto bloqueados a principios de enero (nada más entrar al Gobierno Ana Botella) a causa de los ingresos ficticios incluidos en el presupuesto 2012, se añadía una batería de medidas seleccionadas entre todas las posibles ofertadas por el Gobierno de Rajoy que podemos sustanciar en dos ámbitos fundamentales: subida de impuestos y modificación del Acuerdo-Convenio firmado tres meses atrás y del Acuerdo de Garantías Sindicales de 2009. Las restantes medidas incluidas en el Plan, en términos económicos, no son más que un brindis al sol. La posibilidad ofrecida en el Decreto por el Gobierno de Rajoy de reducir el número de Altos Cargos y personal de confianza política, de eliminar alquileres, de perseguir el fraude fiscal… son minimizadas. Así, el Plan de Ajuste muestra tanto el talante del nuevo Equipo de Gobierno contrario al respeto del derecho a la negociación colectiva como el clasismo de las medidas. Los derechos de 27.000 trabajadores y trabajadoras municipales plasmados en el Acuerdo-Convenio son modificados unilateralmente, al tiempo que se protege a la red de Altos Cargos y personal de confianza política.

El ejercicio presupuestario 2012 se ha cerrado conforme a lo previsto, tanto en el presupuesto realizado como en la previsión que nosotros pusimos de manifiesto al respecto. La Alcaldesa ha proclamado a los cuatro vientos el cierre del ejercicio económico con un superávit de más de 800 millones de euros. Tales cifras esconden una doble realidad: el Ayuntamiento acumula una deuda generada en este ejercicio por impago a proveedores de casi 1.000 millones de euros. Al tiempo, las obligaciones presupuestarias impuestas por Rajoy (asunción de las deudas de determinadas empresas municipales) y la conversión de la deuda con proveedores anterior transformada ahora en deuda financiera, unida a la persistente caída de ingresos que la no resolución de la crisis económica provoca, hacen que los niveles de deuda del Ayuntamiento estén en la actualidad por encima de los que Gallardón reconoció en su último ejercicio (en el entorno de los 8.000 millones).

Los presupuestos municipales para 2013 son peligrosísimos. Tan sólo están previstos 160 millones de euros para inversiones. La reivindicación del anterior Alcalde de mejorar la situación económico-financiera de nuestro Ayuntamiento a través de la renegociación con los bancos, aparece aparcada por Botella. En esta situación, nada asegura que nuevos recortes y/o subidas de impuestos se pongan en marcha. Y ya sabemos por experiencia que los primeros siempre se dirigen contra nosotros y los servicios prestados a la ciudadanía, y que los segundos se realizan de espaldas a los distintos niveles de renta existentes en la población de nuestra ciudad.

En definitiva, la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Madrid y la gestión que de la misma se está realizando es calamitosa. Las medidas acometidas por el Gobierno Municipal con el apoyo y aliento de Génova, no resuelven el problema, todo lo contrario, lo agravan aún más abriendo puertas al deterioro del Servicio Público, a la privatización. Años de despilfarro y descontrol han provocado que ahora la crisis económica muestre la realidad de una gestión de los recursos públicos sobre cuya legalidad podemos y debemos preguntarnos. Las inversiones realizadas en la fase alta del ciclo económico, puestas en marcha a costa de un enorme endeudamiento financiero, conviven con la existencia de espacios donde la gestión de los recursos públicos ha estado exenta de los controles necesarios. La red de empresas municipales, creada para la mejor gestión de la “res pública”, ha sido empleada para la creatividad contable que los proyectos megalómanos de Gallardón requerían. Y para encontrar el acomodo de no pocos correligionarios. Las realizaciones en forma de túneles, Palacio de Cibeles, Caja Mágica, Madrid Río… ahí quedan. Pero no es menos cierto que también permanece la enorme deuda acumulada y afloran los desmanes en la gestión.

Es en este espacio donde inscribimos la crisis actual de las empresas públicas municipales. El marco de la enorme deuda del Ayuntamiento, sumado al despilfarro en la gestión producido en época de bonanza, todo ello con una fortísima crisis económica que no remite, dibuja un panorama oscuro para el mantenimiento de las empresas municipales y la defensa del empleo en las mismas. Y, sin lugar a dudas, un frente de trabajo sindical donde dedicarnos a fondo.

Nos reafirmamos en que las medidas de recorte del Capítulo I puestas en marcha a principios de 2012, por ser innecesarias, ponen de relieve el carácter ideológico de las mismas. Las explicaciones a la modificación unilateral del Acuerdo-Convenio no están en el terreno económico sino en el político. Con estas decisiones vergonzosamente escondidas bajo falsas necesidades presupuestarias, el Gobierno Municipal muestra su falta de respeto al derecho constitucional a la negociación colectiva y lanza una ofensiva de clase contra trabajadoras y trabajadores municipales y los sindicatos que legítimamente los representan, terminando así con más de diez años de paz social. Concepción Dancausa, la actual responsable de las políticas que se aplican al personal del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y empresas municipales, se integra en mayo de 2012 en el Comité Ejecutivo de su Partido en Madrid con todo el derecho de aquél que comparte y pone en práctica las políticas de la extrema derecha española incluida en el Partido Popular. El giro político se ha hecho realidad.