El trabajo en Acción Social se ha venido realizando a través de reuniones periódicas que han tenido objetivos diversos: estudio y solución de casos concretos; establecimiento de criterios comunes de actuación ante los casos; descentralización de la Acción Social por secciones sindicales; debate sobre el programa de Acción Social y propuestas para las elecciones sindicales.
Hemos negociado y firmado las Bases de Acción Social de los años 2010 y 2011 (introduciendo en éstas modificaciones reivindicadas por CCOO, a pesar de no ser firmantes del Acuerdo-Convenio) y las correspondientes a 2012. En el caso de las de 2013, nuestro desacuerdo con la suspensión de la Acción Social unido al escaso tiempo del que dispusimos para su estudio provocó que nos abstuviéramos en la votación.
Tras la firma del Acuerdo-Convenio, hemos venido participando en la Comisión Técnica de Acción Social que finalmente se ha abierto a firmantes y no firmantes.
Y desde luego, hemos realizado atención personalizada y seguimiento de casos concretos, tanto a través del teléfono como por mail.
En 2011 realizamos un trabajo de investigación, estudio y presentación de datos sobre la percepción de ayudas de Acción Social por parte del personal directivo. La conclusión fue la interposición de la correspondiente demanda ante la Justicia. A principios del presente año, el Tribunal correspondiente nos otorgó la razón.
Propuestas de trabajo
No por evidente resulta inútil insistir en que CCOO trabajará por la restitución de la Acción Social Corporativa y el Premio de Antigüedad eliminados por el Equipo de Gobierno de Ana Botella. Además de motivos referidos a la obligación que hay que hacer valer respecto de lo acordado, el endeble Estado del Bienestar español, empequeñecido aún más con la excusa de la crisis económica, obliga a que nos reafirmemos en esta reivindicación.
Y lo hacemos volviendo a apostar por una política de Acción Social orientada a equilibrar las rentas efectivas de las personas asalariadas ante situaciones derivadas de necesidades sociales o de gastos familiares extraordinarios imprescindibles o considerados de “interés social” en materia de salud, formación o educación, entre otros.
