CCOO lleva años demandando la necesidad de proceder a una modernización del contrato social para el siglo XXI, reforzando los servicios públicos que han vertebrado nuestro estado de bienestar, revertiendo los recortes producto de la anterior gestión austericida de la crisis financiera y de deuda de la década anterior, y desplegando nuevos servicios de ciudadanía, entre los que destacan la estrategia de cuidados, la extensión de la formación permanente, la garantía del derecho al acceso a la vivienda, y el impulso de políticas de transformación del modelo productivo del país.

Para todo ello, además de la ya citada estabilidad institucional, se requiere una iniciativa ambiciosa sobre los recursos públicos necesarios para impulsar esa agenda. En este sentido, la investidura de Illa y los acuerdos ligados a la misma, han puesto de manifiesto la necesidad de afrontar la renovación del modelo de financiación autonómico en nuestro país. No en balde, buena parte de los elementos centrales de ese contrato social citado, se gestionan, regulan, y en parte, se financian, desde las propias CCAA.

CCOO cree que es el momento en el que el Gobierno de España tiene que asumir el liderazgo en la renovación del modelo de financiación autonómica, caducado desde hace casi una década.

Nuestro país tiene que encontrar un modelo de financiación que, partiendo del modelo autonómico del que nos hemos dotado y expresado en los diferentes estatutos de autonomía, haga compatible el principio de corresponsabilidad fiscal de cada administración en función de sus competencias, el principio de suficiencia fiscal evitando cualquier escenario de dumping fiscal entre territorios, y el principio de solidaridad, de manera que el conjunto de la ciudadanía española pueda acceder a niveles de bienestar homologables, resida en el lugar que resida.

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