11 de noviembre, huelga general

Por un futuro para la ciudadanía: salario, vivienda, precios y servicios públicos.

Es el momento, el 11 de noviembre salgamos a las calles. Nos toca demostrar la capacidad transformadora de las personas trabajadoras y de la ciudadanía organizada.

¡Vamos a la huelga general!

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Unai Sordo, secretario general del sindicato, junto a portavoces del resto de sindicatos y organizaciones, ha intervenido en la presentación de la convocatoria de una huelga que el sindicato está organizando con el objetivo de exigir soluciones al problema de acceso a la vivienda, salarios dignos y políticas públicas que garanticen una vivienda asequible.

El objetivo, ha defendido, es convertir la jornada en una gran movilización social que sitúe la vivienda asequible, los salarios y las condiciones de vida de la mayoría social en el centro de la agenda pública.

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Se ha publicado en el BOAM número 10.236, de 19 de octubre de 2026, una Resolución del Director General de Función Pública de fecha 14 de octubre de 2026, por la que se declaran desistidas ayudas de transporte en metálico de la convocatoria 2026 al personal del Ayuntamiento de Madrid.

La información individual de cada solicitante, relativa a las solicitudes de ayuda de transporte en metálico, se puede consultar en Ayre, en la aplicación de acción social "Mis ayudas" con fecha de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Adjuntamos Resolución:

.- Desistimiento ayudas de transporte en metálico

Madrid, la comunidad autónoma más rica de España, tiene una tasa AROPE en 2025 del 19,4%, por encima de Cantabria, Aragón, Navarra, Islas Baleares y País Vasco.

La pobreza influye claramente en la esperanza de vida, siendo los municipios con niveles de renta más bajos los que registran una esperanza de vida más baja.

A estos datos, ampliados y desglosados en el Informe que presentamos, hay que añadir que la red de protección social de la Comunidad de Madrid cada vez es más insuficiente. En 2026 la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (lo concede la administración del estado) asciende a 733,6€ mensuales, mientras que la cuantía del RMI (Renta Mínima de Inserción, concedida por la administración autonómica) solo garantiza 469,9 €.

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Las reformas y compromisos acordados en el diálogo social entre 2021 y 2024 garantizan la suficiencia de las pensiones públicas y su sostenibilidad financiera a largo plazo.

CCOO recuerda a estos partidos políticos que las únicas reformas que se han mantenido en vigor desde 1995 han sido las acordadas en el marco de la mesa de diálogo social y en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo; y que las reformas de recortes impuestas unilateralmente en 2013 han sido derogadas porque carecían de legitimación social. Conviene que nadie olvide que las reformas pactadas y con la doble legitimación política y social, perviven y no lo hacen las que carecen de ella.

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