El Área Pública de CCOO demanda a la Secretaría de Estado de Función Pública la reactivación urgente de los grupos de trabajo del nuevo Acuerdo marco para el empleo público y servicio a la ciudadanía. Así lo trasladará también en la reunión prevista el 29 de septiembre de la Comisión de seguimiento del citado Acuerdo marco.

Asimismo, CCOO considera que urge culminar definitivamente el desarrollo del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, especialmente en lo relativo a la puesta en marcha de la jubilación parcial anticipada del personal funcionario y estatutario, la clasificación profesional prevista en el artículo 76 del EBEP e implantación del Grupo B, así como el desbloqueo de la Ley de Función Pública del Estado.

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¿Sabías que la causa de todos los incendios forestales en España se investiga? Si podemos determinar las causas, podremos trabajar para que no se produzcan en un futuro o minimizar los daños.

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La secretaria general del sindicato, Paloma López Bermejo, exige una rectificación a Ayuso por sus bulos contra la inmigración.

El discurso de Ayuso es racista, machista y nacionalista y solo busca desviar la atención de los efectos de sus políticas y de sus escándalos personales.

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Los sindicatos reclaman la no aprobación de una norma que vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales.

UGT y CCOO han exigido la retirada del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés porque consideran que «vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales». A su juicio, se trata de «un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno para la regulación de los grupos de interés». Equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

En consecuencia, CCOO y UGT solicitan la no convalidación del Real Decreto-ley y reclaman el impulso de una norma legal que reconozca el valor del diálogo social y favorezca su desarrollo, respetando el papel constitucional que la Constitución atribuye a las organizaciones sindicales en sus artículos 7 y 28, así como el derecho a la negociación colectiva reconocido en su artículo 37.

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Un informe del IEES de la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia el avance de la privatización de la educación en España que está “transformando un derecho universal en un mercado”.

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