La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, como sindicato feminista, exige medidas que acaben con la discriminación entre mujeres y hombres, rechaza cualquier discurso reaccionario y llama a la unidad sindical como potente herramienta para contribuir a implantar la igualdad real y efectiva en la sociedad.

Tenemos una de las estructuras organizativas más fuertes de este país, contamos con una potente red de personas afiliadas, simpatizantes, delegados y delegadas, representantes sindicales, comités de empresa, que van desde las grandes ciudades a los lugares más recónditos del ámbito rural. Hemos de aprovechar esa potencia, esa ventaja competitiva que nos da nuestro sentido de pertenencia a una organización progresista y feminista, que lucha por la igualdad, la libertad y la mejora de las condiciones de vida de la clase para trabajadora, para actuar desde la unidad. Nuestro rechazo a la discriminación de las mujeres por ser mujeres ha de ser unánime, y nuestra exigencia de equidad a quienes tienen la potestad de implantar, a través de la acción legislativa, ejecutiva o judicial, ha de ser firme, sin fisuras.

Nuestro compromiso es el de seguir avanzando en la formación específica en los centros de trabajo y el de pelear por medidas exigentes en los planes de igualdad, por impulsar la capacitación para mejorar la negociación colectiva con medidas positivas, y por incidir en campañas de sensibilización para acabar con las brechas, principalmente la salarial. El camino debe pasar por que nuestro lenguaje sea inclusivo e igualitario, por situar a nuestras mujeres como referentes y, sin tregua, por posicionar a más mujeres en puestos de representación dentro del sindicato. El de salir a las calles gritando igualdad. Porque somos mujeres, sindicalistas, iNDISPENSABLES;)

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Las funciones de los juzgados encargados en exclusiva de estos delitos quedarán diluidas en un amplio Servicio Común de Tramitación, donde serán un asunto más junto a los demás pleitos civiles y penales.

En plena reforma organizativa de la Administración de Justicia, vendida públicamente como la reforma del siglo XXI, el ministro Félix Bolaños deja fuera de ella la tan necesaria y obligatoria especialización del personal al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia sobre las mujeres y otros delitos sexuales de los que van a ser conocedores los Tribunales de Instancia que sustituirán a los actuales Juzgados con funciones de violencia sobre las mujeres de todo el Estado.

Si el Ministerio de Justicia no rectifica y sigue sin atender las reclamaciones de CCOO, las decenas de funcionarias y funcionarios destinados en estos servicios comunes podrán llevar a cabo, sin distinción ni especialización, los asuntos judiciales relacionados con la violencia sobre las mujeres y agresiones sexuales, sin siquiera recibir la formación especializada en perspectiva y violencia de género que exige el Pacto de Estado y las sucesivas medidas que en esta materia se han ido aprobando en el Parlamento lo que, en definitiva, empeorará la atención a las víctimas.

Además de las propias víctimas, los y las trabajadoras que en la actualidad llevan la tramitación de los asuntos de violencia sobre la mujer verán, una vez más, el desprecio del Ministerio de Justicia a la tan traída y llevada especialización de asuntos de violencia sobre la mujer, la falta de consideración profesional y retributiva de sus años de experiencia y de responsabilidad en unas condiciones laborales penosas, de largas jornadas de trabajo que exceden, en la mayoría de los días, de su jornada laboral y, además, en dependencias judiciales que no en todos los casos están acondicionadas para garantizar la intimidad de la víctima y su separación física de su agresor.

CCOO exige al Ministerio de Justicia una clara apuesta por esta especialización que solo puede venir determinada en una diferenciación de puestos exclusivos de violencia sobre la mujer en las relaciones de puestos de trabajo que se están negociando en estos momentos de cara a esa implantación de los Tribunales de Instancia.

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El órgano del Consejo de Europa desvela su decisión íntegra respecto a la reclamación colectiva interpuesta por cinco organizaciones que denunciaron las graves consecuencias de los cortes de electricidad que sufren 4.500 personas que habitan en el barrio de Cañada Real de Madrid.

Como ya adelantó el pasado mes de septiembre el propio Comité, la decisión concluye que España está vulnerando la Carta Social Europea revisada, vinculante para nuestro país desde 2021, al tolerar que miles de personas vivan en este barrio de Madrid sin acceso a energía eléctrica para calentarse en invierno o refrescarse en invierno, conservar alimentos frescos y medicinas, o iluminar la habitación por la noche.

La decisión del Comité tiene su origen en la reclamación colectiva que el 2 de marzo de 2022 presentaron contra España las organizaciones Defence for Children International (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionalesm, que trabajan con las Personas Sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. La demanda fue fruto del trabajo conjunto de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, CAES y Gentium.

El Comité admitió la demanda de las organizaciones, señaló los riesgos para la vida y la integridad física y moral que los cortes de electricidad suponían para las vecinas y vecinos, y exigió al Estado medidas inmediatas para el restablecimiento de la luz y la calefacción, con objeto de evitar “daños graves e irreparables”, medidas que las diferentes Administraciones Públicas no han cumplido.

El 25 de septiembre de 2024, el Comité anunció la adopción de una decisión sobre el fondo del asunto. En dicha decisión, da la razón a las demandantes y considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en el barrio de Cañada Real, en particular de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

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En una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Comisiones Obreras se ha sumado a la petición de más de cien organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil instando a la CE a tomar medidas ante el comercio y los negocios de la UE con los asentamientos ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados (TPO), incluida la Jerusalén Oriental ocupada.

En ella, las organizaciones firmantes recordamos que el 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica opinión consultiva en la que afirmaba que los Estados no deben reconocer, ayudar o asistir a la situación ilegal derivada de la ocupación israelí del territorio palestino.

Esto debería ir mucho más allá que el actual documento consultivo de la UE con el fin de desalentar todo el comercio con los asentamientos (como ha hecho Noruega) y las relaciones con los bancos israelíes y las empresas que operan en los asentamientos ilegales, debido al riesgo significativo de contribuir a graves violaciones de los derechos humanos e incumplimientos del derecho internacional, y garantizar que toda la cadena de valor entre en el ámbito de aplicación de la legislación.

Comisiones Obreras se adhiere a esta petición además como miembro de la red SOLIDAR, red europea de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabaja para promover la justicia social a través de una transición justa en Europa y en todo el mundo y que también ha firmado la carta. CCOO participa en el grupo de incidencia de SOLIDAR sobre Palestina.

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Información remitida por la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

Por la Subdirección General de Selección se procede a publicar la previsión de fechas de celebración de exámenes previstas para el ejercicio 2025, con la advertencia expresa de que, como tal, tiene carácter meramente orientativo y puede ser modificada sin previo aviso, siendo la fecha oficial la que se publique por el órgano de selección de cada proceso selectivo.

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