El sindicato reitera al Ministerio de Hacienda la necesidad de abordar esta cuestión de inmediato, e insta a la Agencia Tributaria a que facilite una serie de datos que considera imprescindibles para conocer el número de personas pensionistas afectadas y así poder medir el impacto económico que van a sufrir, incluyendo el coste por la demora y el fraccionamiento del pago.

En diciembre de 2024, de forma sorprendente e inesperada, se han modificado los términos de reclamación de estas cantidades que se habían determinado hace un año, alterando a través de la Disposición Final Décima Sexta de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, el criterio y procedimiento y dejando sin efecto las solicitudes de devolución que no hubieran sido resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, además de obligar a las personas pensionistas afectadas a reclamar, por segunda vez, pero ahora año a año, entre los años 2025 y 2028, dentro de los plazos de presentación anual de la declaración del IRPF, con el evidente perjuicio para la gran mayoría de las personas pensionistas afectadas.

Como ya manifestamos al tener conocimiento de los hechos, es una decisión arbitraria, que crea inseguridad jurídica, que aplica con carácter retroactivo una normativa fiscal que es desfavorable para el contribuyente, crea agravio comparativo entre las personas pensionistas afectadas (a unas, las menos, se les ha devuelto el exceso y a otras, la mayoría creemos, se les obliga a comenzar de nuevo el procedimiento y recibir la posible devolución de manera fraccionada en 4 ejercicios fiscales), además de los elementos de incertidumbre y demora que ello introduce a las personas pensionistas afectadas,

Una vez más, reiteramos al Ministerio de Hacienda la necesidad de abordar esta cuestión de inmediato y buscar fórmulas que permitan corregir esta situación en el menor plazo posible, para evitar las consecuencias lesivas que pueden derivarse de este cambio en el procedimiento así como la injustificada diferencia de trato entre personas que comparten una misma situación y, con ello, que se facilite recuperar la aplicación de la DT 2º de la Ley 35/2006 del IRPF, como estaba previsto en los procedimientos establecidos y acordados hace un año.

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Instamos al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo para la Función Pública que avance en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones

El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos valoran que se haga efectiva la subida salarial pendiente del 0,5% adicional para el año 2024 comprometida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI e instan al Gobierno a iniciar la negociación de un nuevo pacto: un acuerdo que avance en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones para mejorar las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía.

El aumento del 0,5% adicional y consolidable será efectivo una vez quede publicado en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros. Este incremento es aplicable a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y culmina los compromisos salariales del acuerdo actual. El aumento salarial adicional del 0,5% para 2024 estaba condicionado al cumplimiento de un requisito macroeconómico: que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6% entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8%).El requisito se ha cumplido y, una vez salvada la referida publicación en el BOE, el aumento retributivo se debería llevar a cabo a la mayor brevedad posible por parte de las distintas Administraciones Públicas.

Con este último incremento, el acuerdo firmado por UGT y CCOO sitúa la subida salarial para los empleados y empleadas públicas entre 2022 y 2024 en el entorno del 10%. Además, también ha hecho realidad la recuperación y mejora de derechos laborales y ha modernizado y avanzado en ámbitos como el empleo público, la jornada laboral, la incapacidad laboral y la jubilación parcial anticipada para las y los funcionarios.

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