Acaba de comenzar la investigación del Ayuntamiento a la anterior corporación por la venta de viviendas sociales a fondos buitre, que lleva a cabo la Comisión que analizará la gestión del PP entre 2003 y 2015 con Gallardón y Botella al frente. Años de despilfarros y gestión dudosa de los recursos públicos de quienes se presentaban ante la ciudadanía como el ejemplo de la eficacia de la gestión. Años tristes también para los derechos sociales, quienes enterraron los recursos públicos, se “quedaron” sin dinero para responder a las necesidades de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos, sus salarios o sus viviendas.

Desde CCOO de la EMVS hemos venido denunciando, dentro y fuera de la empresa, la política de vivienda que el anterior gobierno municipal llevó a cabo y por la que, entre otras decisiones, vendió 1.860 viviendas (18 promociones), a fondos buitre. Una política de vivienda común a la que, también el PP, llevaba a cabo en la Comunidad de Madrid a través del IVIMA, con la venta de casi 3.000 viviendas públicas que ya está en los juzgados por malversación de fondos públicos.

Hace unas semanas supimos del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que descubría graves irregularidades en esas ventas de la EMVS (información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia, “quebranto” millonario para las arcas municipales…), hechos que, en algunos casos, pueden revestir carácter delictivo...

Desde CCOO esperamos que los trabajos de esta Comisión de investigación conduzcan a depurar las responsabilidades que sean necesarias y que éstas deriven en la recuperación de casi 2.000 viviendas que fueron promovidas para dar cobertura al derecho a la vivienda de la ciudadanía y no al negocio privado y la especulación que se está demostrando.

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El próximo 7 de junio, y como continuación a las actuaciones desarrolladas con motivo del "Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo", CCOO organiza una jornada sobre "Los retos laborales ante el envejecimiento de las plantillas en la Administración Local" con el objetivo de promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable, así como la prevención a lo largo de la vida laboral.

Desde que el Gobierno del PP inició los recortes en las administraciones públicas y en concreto en el sector de la Administración. Local, CCOO viene detectando, con preocupación, el envejecimiento de la plantilla de nuestro ayuntamiento que junto a la falta de incorporación de personas jóvenes en la prestación de los servicios municipales, sin duda, incrementa los riesgos laborales.

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El pasado viernes informábamos en este Boletín de la marcha de las negociaciones sobre Jornada y Horarios, y adelantábamos la consecución de un acuerdo que incluía la ampliación de la reducción de la jornada de verano desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, para las trabajadoras y trabajadores con descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad.

Hemos recibido una docena de correos electrónicos expresando quejas por lo que algunos entienden una discriminación. Creemos útil explicarlo.

Con fecha 15 de diciembre de 2015 propusimos llevar a la Comisión de Seguimiento (COMISE) del Acuerdo-Convenio la ampliación de la reducción de verano con el siguiente texto:
“1. Ampliar el disfrute de la reducción de jornada de verano desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año para todo el personal municipal.

Hacer extensiva en este Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos la modificación que se ha producido por parte de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, mediante Resolución de 25 de noviembre de 2015 en lo referente a la jornada intensiva de verano para el personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, “que por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos podrán acogerse a la jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de cada año.” (…)”

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La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, ha anunciado este miércoles en el Pleno de Cibeles que la Junta de Gobierno aprobará "en pocas semanas" la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, una medida que es "de justicia".

La implantación de las 35 horas está condicionada a que no se produzca un crecimiento de la plantilla municipal ni un aumento del gasto público ligado a esta medida, preservando en todo momento la calidad de los servicios y con la intención futura de revisar el sistema de productividad.

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