Esta mayor financiación, que no debe suponer disminución alguna de la que corresponde a las comunidades autónomas, debe permitir, de un lado, avanzar en un reequilibrio de la provisión pública directa de estos servicios de atención a las personas dependientes, hoy minoritaria pese a que la financiación es eminentemente pública y, de otro, condicionar cualquier incremento del precio de concierto a la mejora de ratios de plantilla y a las condiciones económicas y laborales de las trabajadoras.

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