Los sindicatos reclaman la no aprobación de una norma que vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales.

UGT y CCOO han exigido la retirada del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés porque consideran que «vulnera el papel constitucional de las organizaciones sindicales». A su juicio, se trata de «un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno para la regulación de los grupos de interés». Equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

En consecuencia, CCOO y UGT solicitan la no convalidación del Real Decreto-ley y reclaman el impulso de una norma legal que reconozca el valor del diálogo social y favorezca su desarrollo, respetando el papel constitucional que la Constitución atribuye a las organizaciones sindicales en sus artículos 7 y 28, así como el derecho a la negociación colectiva reconocido en su artículo 37.

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