El sindicato quiere que la reforma se aborde desde el diálogo y el respeto a los derechos de las personas y advierte de los riesgos de situar el control migratorio por encima de la gestión social y laboral.

Para el sindicato la política migratoria debe ser una política de Estado -especialmente por las sensibilidades que suscita y ante la utilización demagógica de la inmigración por parte de la extrema derecha en España y en la Unión Europea- y por ello reclama responsabilidad al Gobierno y a las fuerzas políticas de la oposición para evitar discursos y actuaciones que puedan deteriorar la convivencia en una sociedad plural y diversa como la española.

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